Para los abogados, había “pruebas suficientes” para procesar a los policías por homicidio

A prácticamente 20 meses de la muerte de Florencia Magalí Morales, este jueves hubo un pronunciamiento del juez Penal, Jorge Pinto: el procesamiento a cuatro policías y la detención de dos de ellos. Sin embargo, la familia de la mujer de 39 años y los abogados que la representan, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli, no estuvieron conformes del todo.

El magistrado procesó a María Eugenia Arguello (43) por incumplimiento a los deberes de funcionario público y omisión de cumplir con los deberes propios del oficio en concurso ideal. La misma determinación tomó con Victoria Torres (30) por la omisión de cumplir con los deberes propios del oficio. Ambas, que estaban de guardia el 5 de abril de 2020 en la Comisaría 25º de Santa Rosa del Conlara, tendrán que comparecer.

Además, Pinto dispuso acusar a Marcos Ontiveros (43) por la aplicación de vejaciones y severidades en el desempeño como jefe de la seccional “resultando un grave daño en la salud de la víctima, y por incumplimiento a los deberes de funcionario público en concurso ideal. Además ordenó la prisión preventiva.

Finalmente, Reynaldo Heraldo Clavero (50) fue procesado por los mismos delitos de Ontiveros a los cuales se sumó “haber decretado ilegalmente la incomunicación” de Morales. También se decidió la inmediata detención.

Respecto a las acusaciones Calderón Salomón expuso que no están de acuerdo porque “hay pruebas suficientes para lograr la ampliación por homicidio”. Y dijo que según los fundamentos para Pinto esto no pudo ser comprobado.

En declaraciones a El Chorrillero tuvo en cuenta que “la pericia que se presentó podría ser ampliada en un juicio oral porque entiende que faltan detalles de cuál habría sido el móvil, quién es el autor y cuál es la participación de cada uno”.

“En el caso de los de mayor rango (Ontiveros y Clavero) expuso vejaciones con lesiones graves. Por eso creemos que cierra más la hipótesis del homicidio”, afirmó el letrado.

Además hizo alusión a que hay una diferencia “radical” en relación a la caratula debido a que por los delitos que fueron acusados recibirían “como mucho” 15 años de cárcel, mientras que por el asesinato “puede llegar a perpetua”.

Por otro lado, el abogado transmitió “una otra lectura positiva porque después de mucho tiempo ya no se habla de imputados, sino de procesados, hay restricciones y un juicio oral por delante”.

“Y en el caso de los de mayor rango se les ordenó la prisión preventiva, consideramos que corresponde”, añadió.

En este punto, reconoció que “se dio un paso muy importante en la investigación” y ratificó que continuarán “en el camino de lograr justicia por Florencia”.

Tras la resolución de Pinto, una de las hermanas de la víctima, Celeste Morales se pronunció de manera similar.

“No quedamos conformes con lo que decidió el juez, porque mi hermana estaba golpeada, sufrió maltrato y eso no fue tenido en cuenta en la resolución. No solamente le mintieron a la familia el 5 de abril del año pasado cuando dijeron que ella se había suicidado, sino que lo hicieron con todos, es una vergüenza (…) Hay tres criaturas que mi hermana tenía a cargo y van a crecer sin su mamá. Pedimos justicia y que caigan quienes tengan que caer”, expresó en diálogo con El Chorrillero.

Esa mañana de abril, Florencia había salido con su bicicleta a comprar alimentos. Los efectivos la aprehendieron por circular en contramano y porque de acuerdo a su terminación de DNI ese día no estaba habilitada para salir. Regía por entonces el aislamiento social, preventivo y obligatorio.